ANÁLISIS
Periodismo en tiempos de posacuerdo
el riesgo de informar desde las regiones
La firma del Acuerdo de Paz entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), el 24 de noviembre de 2016, no devolvió las garantías de seguridad a los periodistas del país para desempeñar su oficio. Según información de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) las amenazas a periodistas pasaron de 129 casos en 2017 a 200 en 2018.
Tras la alerta que dan las cifras, la Unidad de Investigación Periodística de la Institución Universitaria Politécnico Grancolombiano indagó sobre la situación que afrontan, en tiempos de posacuerdo, los periodistas que ejercen su labor en las zonas históricamente afectadas por el conflicto armado.
Violencia contra periodistas
Pedro Vaca, director de la FLIP, asegura que Colombia
es un país de “tradición de violencia contra periodistas”, porque a pesar de que los homicidios se han reducido considerablemente, los violentos arremeten contra la prensa a través de amenazas, agresiones, obstrucciones
y estigmatizaciones.
Explica, además, que en muchas de las regiones afligidas por el conflicto armado, el ejercicio periodístico se ha visto en peligro por actores que pretenden manipular la verdad, al buscar el aseguramiento de unos intereses particulares, para lo cual emplean su poder para coaptar
el derecho a una sociedad informada.
La paleta de actores que termina por condicionar la labor de informar desde los medios es amplia, pues no se trata únicamente de los grupos armados al margen de la ley; también los líderes públicos ponen en peligro a reporteros, al señalarlos y calificarlos desde sus redes sociales con mentiras, lo que conduce a que sus seguidores amenacen a periodistas. Eso es lo que Vaca denomina “déficit de cultura democrática”.
Dora Montero, presidenta del comité directivo de la organización Consejo de Redacción y reportera en zonas
de conflicto para Noticias RCN, manifiesta que “una problemática para la construcción de vías democráticas
en estos territorios es que, con seguridad, no se están contando las historias de estas regiones -las afectadas por el conflicto armado- debido a que no hay presencia y/o las garantías que deberían para el periodismo, siendo esta misma atmósfera de incertidumbre la que termina por justificar que se atente contra la vida de los periodistas”.
Montero asegura que desde el trabajo que hace Consejo de Redacción en la capacitación a reporteros de zonas rurales, con el objetivo de que ellos mismos narren las historias de sus regiones, se han dado cuenta que, en algunos casos, “toca que periodistas del interior, periodistas de Bogotá o de otras capitales, vayan y cuenten las historias, porque cualquier periodista local que lo intente podría morir”.
"Uno de los grandes retos de este país es dejar de ver la censura desde la única faceta de la violencia y empezar a ver la censura como algo que afecta el derecho a una sociedad informada"
- Pedro Vaca
Ejemplo de lo que exponen Vaca y Montero lo da la periodistas María Paulina Baena, presentadora de La Pulla, al relatar que colegas de Yopal le han entregado información para que el equipo periodístico de la Pulla lo presente, ya que si ellos se atrevieran a transmitirla en sus medios comunitarios, estarían expuestos a ser asesinados.
Betty Martínez, periodista de la Guajira, y miembro de la Junta Directiva de la FLIP, ratifica lo relatado por Baena al reconoce que “el periodista de la región, para protegerse, encuentra en sus colegas que están en los grandes medios una posibilidad de protección, porque lo que más interesa es que la información salga y trascienda, que no se quede aquí, de pronto encerrada, o que por miedo no se diga”.
"Uno de los grandes retos de este país es dejar de ver la censura desde la única faceta de la violencia y empezar a ver la censura como algo que afecta el derecho a una sociedad informada"
- Pedro Vaca
Periodismo amenazado
La FLIP tiene un proceso de documentación con el que busca evidenciar que los hechos de violencia ocurridos a periodistas están relacionados directamente con el oficio. Según datos de la Fundación, en el año 2018 se registraron 200 amenazas con 257 víctimas, mientras en 2017 se presentaron 129 casos de amenazas con 149 víctimas, y en 2016 fueron 90 hechos violentos que dejaron 108 víctimas.
La Defensoría del Pueblo y la Fiscalía General de la Nación también reconocen un aumento de las amenazas a periodistas en los últimos dos años.
Vea en las siguientes gráficas la información que entrega cada una de estas instituciones.
Número de amenazas por departamento
2017
2018
Seleccione un año
Fuentes: Mapa de agresiones contra periodistas de la FLIP /
Fiscalía General de la Nación / Defensoría del Pueblo
Número de amenazas discriminadas por género e institución
Flip
Fiscalía
2018
2017
Seleccione un año
Hombres
Mujeres
Medio de comuninación
Fuentes: FLIP - fecha de corte 6 de diciembre de 2018 / Fiscalía General de la Nación
Si bien la información de la Defensoría del Pueblo, de la Fiscalía y de la FLIP evidencian un aumento de amenazas, las cifras de las instituciones no coinciden. Entre las razones se encuentra que los periodistas no necesariamente exponen la violación a sus derechos frente a instituciones como la Defensoría del Pueblo.
Sobre la distancia entre los datos de la Fiscalìa y los de la FLIP, Vaca explica que en ocasiones los receptores de denuncias de las Fiscalía no discriminan el oficio
del afectado; a esto se le suma que muchos reporteros no denuncian por la incredulidad o miedo que les genera el sistema de justicia nacional. Al respecto, el área de la Fiscalía responsable de los datos suministrados para este trabajo periodístico manifiesta que
“existe la posibilidad de subregistro respecto de variables, como la actividad y la profesión. Esto, debido a vacíos o poca precisión de la información al momento de recibir la denuncia o a lo largo del avance del proceso penal”.
Disparos a la prensa
Al incremento de las amenazas se suma que, desde el año 2006, no se registraba la misma cantidad de homicidios a periodistas en el país, como los que tuvieron lugar en 2018, por cuenta del secuestro y asesinato, en el departamento de Nariño, del periodista Javier Ortega, el fotógrafo Paúl Rivas y el conductor Efraín Segarra, todos del diario del Comercio de Ecuador. El Frente Oliver Sinisterra, de las disidencias de las Farc, se atribuyó el crimen del equipo de prensa.
El caso, según Vaca, deja un mensaje claro “y es que si bien la violencia letal ha disminuído, y eso es bueno, hay territorios silenciados, o en los que al incursionar hay agresiones graves a la prensa, y ese miedo que genera instaura censura”.
Vea en las siguientes gráficas el reporte que entrega La FLIP y la Fiscalía sobre asesinatos a periodistas en los últimos dos años.
Número de asesinatos discriminados por departamentos
Flip
Fiscalía
Seleccione un año
Fuentes: FLIP - fecha de corte 6 de diciembre de 2018 / Fiscalía General de la Nación
Número de asesinatos discriminados por género
Flip
Fiscalía
Seleccione un año
Fuentes: FLIP - fecha de corte 6 de diciembre de 2018 / Fiscalía General de la Nación
"Antes encontrábamos grupos conocidos, eran las guerrillas, o en los años noventa los paramilitares [...]. Pero hoy son muchos grupos dispersos que llegan a los territorios."
- Dora Montero
Cartografía de la violencia contra periodistas
Cuando se trata de señalar las regiones más peligrosas en el país para ejercer el periodismo, el director de la FLIP señala como caso especial la región del Catatumbo, en el departamento de Norte de Santander, en donde desde el año 2016 han ocurrido 5 de los últimos 7 secuestros registrados por la Fundación. Así mismo, indica que Antioquia, Tolima, Nariño, Cauca, Arauca, Bogotá y Guaviare son zonas en las que la violencia contra periodistas viene creciendo.
Explica también que en los departamentos y municipios del país en los que hay menos presencia de periodistas, los hechos victimizantes contra reporteros afecta de manera más profunda la libertad de expresión y el derecho a la información de las mismas comunidades. Como ejemplo cita el caso del departamento del Guaviare, en el que de los aproximadamente 20 periodistas que allí trabajan, 11 han recibido amenazas. Entre esos casos está el de la directora de Caracol Radio del Guaviare, Erica Londoño, quien en menos de 5 años ha recibido 10 amenazas directas contra su vida, según información publicada en la página web del mismo medio el 16 de mayo de 2018.
Montero agrega que los departamentos colindantes con el Pacífico y los fronterizos con países como Ecuador o Venezuela también son territorios en los que la labor periodística implica un alto riesgo. Para la directora de Consejo de Redacción esto ocurre porque se trata de zonas dominadas por el narcotráfico y las disputas que a partir de este fenómeno se dan por el poder.
Las regiones que Vaca y Montero señalan, corresponden a las que han sido afectadas históricamente por el conflicto armado, lo que indica que tras la firma del Acuerdo de Paz con las Farc, las condiciones para el ejercicio periodístico no mejoraron. Los dos expertos coinciden en celebrar el Acuerdo, pero hacen hincapié en su preocupación por el aumento de periodistas amenazados por las disidencias de las Farc.
A raíz de la polémica por la censura al programa Los puros criollos de RTVC, el pasado diciembre, su presentador Santiago Rivas se ha pronunciado en redes sociales sobre las garantías que el actual Gobierno debe brindar a los periodistas en todo el territorio nacional. En entrevista con este medio manifestó, respecto a los periodistas que laboran desde municipios marcados por la violencia que la imagen de “una persona viviendo en los márgenes de las posibilidades estatales es desoladora porque se trata de una amenaza a una persona que se encuentra sola, una persona que no tiene y que no sabe a quién acudir. Una persona que no sabe si la próxima instancia es la alcaldía del pueblo o si la alcaldía del pueblo es parte de los artífices de la amenaza que está recibiendo. Una persona que no siente que tenga un gobierno que lo cobije, su única opción es el silencio”.
Sobre la cuestión Martínez señaló, por su experiencia como periodista de región, que “hay mucha autocensura en el país. Hay regiones pequeñas en donde es fácil que te puedan dar un tiro cualquier persona y a cualquier hora. Uno está allí a la vista de todo el mundo sin ningún tipo de protección”.
Por su parte, Vaca expresa categóricamente que “la censura es una golosina del poder, y ese poder puede ser legal o ilegal. Entonces, quien ejerza poder en algún territorio, y mientras existan condiciones para la impunidad de las agresiones - en ese territorio-, muy seguramente va a acudir a la violencia cuando los periodistas estén estorbando en su feudo de poder”. En consecuencia, indica que en el país acuden a la censura gobernantes, fuerza pública y grupos ilegales como el Clan del Golfo y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), entre otros.
"Los periodistas estamos en un punto donde nos toca autoprotegernos"
- Dora Montero
Retos para un mejor periodismo en tiempos de posacuerdo
El reto, dice Vaca, “está en que la gente pueda expresarse libremente sin que exista un poder que trate de obstruirlo, comprarlo, judicializarlo, violentarlo o domesticarlo”. Atacar a la prensa es un mecanismo efectivo de aleccionamiento para que cada vez menos periodistas intenten cubrir hechos de violencia, de corrupción, entre otros, que afectan a los colombianos.
Santiago Rivas insiste en que es necesario acompañar a todo periodista amenazado, desde aquellos que hacen parte de los grandes medios hasta los que realizan labores periodística en regiones apartadas y vulnerables. Pero, ¿Cómo llevar los temas de libertad de expresión a una apropiación social importante? Para Rivas es una de las cosas fundamentales en las que se debe trabajar, pues apunta a que se comprometa a la sociedad colombiana con la importancia que tiene la labor periodística. Además, es enfático en demandarle la respondabilidad al Gobierno para garantizar la libertad de expresión en todo el territorio nacional: “si nosotros queremos una democracia real, necesitamos un Gobierno que nos garantice que el Estado va a cumplir las funcione del Estado”, funciones que aseguren la libertad de prensa y el acceso a la información.
La FLIP y Consejo de Redacción coinciden en exigir a las instituciones gubernamentales su óptima operancia para garantizar las condiciones necesarias para el ejercicio de la libertad de prensa, y para responder efectivamente a esos periodistas que han sido violentados por su oficio. “El Estado garantiza la libertad de prensa en la medida en la que no se meta en lo que los periodistas dicen, esa debería ser la regla general. Y cuando suceden acciones que incursionan en ese ámbito de la libertad del periodista, el Estado tiene que proteger, y tiene que investigar para sancionar de manera ejemplar”, concluye Vaca.
Montero expone que si no se garantiza la labor periodística, muy probablemente no se podrán contar las cosas que ocurren en las regiones, haciendo posible que la crudeza del conflicto se incremente y muchas zonas puedan terminar a merced de la corrupción, los grupos armados o de quien quiera ostentar el control.
Las voces y cifras recogidas para este especial, evidencian la urgencia que tiene el país de brindar a los periodistas garantías de sus derechos para ejercer lo que Gabriel García Márquez describió como “el mejor oficio del mundo”, y que hoy se constituye también en uno de los más riesgosos. Bien lo expresa Martínez: “ser periodista en este país es un acto de valentía”.
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Cartografía de
la violencia
Retos en el
periodismo
Hablan
los reporteros
DIRECCIÓN DEL PROYECTO: Carlos Mayorga.
EQUIPO PERIODÍSTICO: Angélica García, Valeria Arias, Felipe Morales.
ASESORÍA DE PROYECTO: Juliana Castellanos Díaz.
DISEÑO, ILUSTRACIÓN Y MONTAJE : Maju Castillo.
REALIZACIÓN AUDIOVISUAL : Daniella Pascagaza.
VOZ EN OFF : Juan David Suarez.
COLABORACIÓN : Mauricio Barrantes.
